Exhumaciones jurídicas - Lafuente Benaches, M? Mercedes (Colección de libros electrónicos de ULoyola, 2016)
El derecho de todo ser humano a su dignidad no se desvanece por cuestiones de tiempo pero nuestro Ordenamiento carece de un marco jurídico que proteja debidamente la consideración que merece el cadáver. Cuestiones tan importantes como determinar que es el cadáver o quién puede disponer del mismo implica una toma de posición sobre ciertos interrogantes: ¿Existe un derecho del fallecido a descansar en paz? Si es así, ¿qué naturaleza tiene? ¿Puede cualquier decisión privada o pública alterar este derecho, como sucede con la exhumación?, ¿a quién corresponde tutelar al cadáver y su derecho a descansar en paz: a sus familiares, a allegados o a la sociedad a la que aquel perteneció? Al compás de estas reflexiones, este estudio analiza las distintas causas de exhumación que el Ordenamiento jurídico contempla como legítimas. Existen razones privadas y públicas para exhumar a un cadáver y un común denominador en todas ellas: una autorización administrativa que compatibilice la acción material de exhumar con la sujeción de esta actividad a los presupuestos y condiciones que garanticen la adopción de las medidas higiénico-sanitarias precisas. En la regulación del procedimiento previo a la autorización de exhumación sobresalen tres cuestiones: en la fase de inicio, quiénes pueden solicitar la exhumación; en la fase de instrucción, el alcance de las distintas autorizaciones o permisos en razón de la materia en que recae la exhumación y por último, los posibles perjuicios, principalmente de naturaleza moral, que con ocasión del procedimiento y de la decisión adoptada en el mismo puedan ocasionarse y que corresponde satisfacer a la Administración. La exhumación es analizada desde su consideración tradicional pero también, desde otra dimensión más actual, como actividad instrumental, previa e incuestionable, para tutelar derechos tales como la dignidad del fallecido en el contexto del procedimiento para la recuperación de la Memoria histórica, el derecho de filiación, el derecho a la investigación científica, la recuperación del patrimonio histórico o la libertad de culto. Curiosamente la decisión de exhumar o la negativa a hacerlo puede ser, según los casos, el origen de la lesión de estos derechos o, contrariamente, su mejor garantía. Este trabajo contiene un estudio cronológico de la tipificación legal de la exhumación cuando constituye una practica antijurídica, un análisis de la consideración jurídica del cadáver o sus restos cuando pasan a formar parte de un museo como consecuencia de su descubrimiento cuando se ha empleado la técnica arqueológica y la propuesta de una solución uniforme en la determinación de la propiedad intelectual de la documentación técnica del arqueólogo que acompaña la localización de los restos humanos, trascendental para un mejor conocimiento de nuestro pasado.