| Sumario: | A principios de la década de 1920, el panorama político institucional de la Argentina ofrecía una confortable apariencia de estabilidad y solidez. El ejercicio del voto libre y garantido desde 1912 no había aparejado el caos que algunos espíritus pesimistas pronosticaron en ocasión de discutirse la Ley Sènz Peña y, por el contrario, la transición de un gobierno de elites a un gobierno popular se había realizado pacíficamente. Un gran partido ocupaba el poder nacional y el de la mayoría de las provincias. Estaba organizado en todo el país, había elaborado una ideología no muy precisa pero bastante característica y contaba con un núcleo dirigente de auténtica gravitación en el electorado. A través de la acción del radicalismo, la gente se había acostumbrado a votar y participaba en proporción satisfactoria en los mecanismos de recambio del poder.
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